Héctor Andrés Pérez Enciso, especialista de la Escuela de Pedagogía, publicó un artículo sobre este tema en el Observatorio de la Universidad Colombiana. Léalo aquí.

10 03 2018 interna educacion superior

 

El nuevo Gobierno se enfrentará a una compleja trama de decisiones públicas en el sector educación si espera continuar avanzando con paso fuerte en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y principalmente si se fija continuar disminuyendo las brechas de acceso y permanencia entre sectores sociales.

Si bien en todos los niveles educativos existen situaciones problemáticas que requieren de decisiones públicas urgentes y efectivas, el puente entre la educación media y la superior, es, por decirlo menos, uno de los principales cuellos de botella que sostienen la brecha de desigualdad en el país.

El artículo publicado en este mismo portal Señores candidatos, ¿y la educación media para cuándo?, reiteraba la existencia de una importante brecha de desigualdad no solo en las tasas de cobertura en la educación media, sino en el tránsito efectivo hacia la educación superior.

De acuerdo con el Informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública publicado en diciembre de 2017, a medida que un estudiante transita por la educación básica y media, aumenta sus probabilidades de desertar del sistema. Mientras que la cobertura neta en educación básica primaria llegó al 84 % en el año 2016, en educación secundaria se ubicó en el 71 % y en educación media solo alcanzó el 43 %.

Aunado a lo anterior, en los últimos años la probabilidad de acceder a la educación superior de un joven del quintil más pobre se ha mantenido considerablemente por debajo de la de un joven proveniente del quintil más rico. En 2001, la probabilidad de un joven muy pobre de acceder a la educación superior era del 7,1 %; en 2014, apenas ascendió al 10,4 %. En comparación, un joven del quintil más rico aumentó sus probabilidades en el mismo periodo del 40,6 % al 59,3 %.

De esta manera, resulta innegable la pregunta por las medidas que habrán de tomarse de aquí en adelante para abordar las causas de las bajas tasas de acceso a la educación superior, y las acciones requeridas para contrarrestar las consecuencias inmediatas de esta compleja situación.

La transición de gobiernos es un evento que suele abrir ventanas de oportunidad para la política pública, o, dicho de otra manera, posibilita el despliegue de nuevas acciones para atacar problemas ya existentes o que apenas se insertan en la agenda pública.

De acuerdo con John Kingdon, para que esto ocurra, es necesario que converjan tres corrientes: la del problema, es decir, que exista consenso frente a la existencia de una situación problemática; la de la política, o, dicho de otro modo, que exista la intención política para abordar el fenómeno; y, la de la política pública, entendida como el desarrollo de cursos de acción desde el nivel central, la posibilidad de cualificarlos o diseñar una nueva batería.

Acceso a la educación superior

Entre otros, el nuevo gobierno se enfrentará al reto de identificar los principales problemas que truncan el acceso de los jóvenes a la educación superior y fijar medidas para aumentar las tasas de cobertura. Estos problemas están relacionados, principalmente con cuatro aspectos que combinan situaciones estructurales de las familias con las brechas de calidad recibida en la educación básica y media.

En primer lugar, ante un escenario con cupos limitados en la educación superior pública, habrá que preguntarse por las opciones de financiación que se brindarán a los jóvenes. Alrededor del 94 % de las personas que presentaron Saber 11 en el segundo periodo académico de 2016, potenciales demandantes de educación superior en todo el país, provenía de hogares de estratos 1, 2 y 3. Mensualmente, el 28 % de estas personas recibía menos de un salario mínimo legal vigente y el 45 % recibía entre uno y menos de dos.

En este sentido, será importante precisar el papel del Icetex en el nuevo plan de desarrollo, y preguntarse si se mantendrá intacto el esquema de Ser Pilo Paga o se avanzará en acciones de política pública que contribuyan a aumentar las oportunidades de todos los jóvenes pobres, no solo de los pilos, de acceder a educación superior de calidad en igualdad de condiciones.

En segundo lugar, continúa vigente la brecha de calidad entre colegios públicos y privados y entre zonas urbanas y rurales, por lo menos si se revisan los resultados que obtienen los estudiantes en la prueba Saber 11. En el periodo 2016-2, únicamente el 5 % del total de estudiantes que presentó el examen obtuvo resultados suficientes para ser potenciales beneficiarios de Ser Pilo Paga; de los jóvenes de estrato 1, por ejemplo, solo el 14 % superó el puntaje requerido por el programa.

Lo más inquietante de esta situación es que el 85 % de los jóvenes que superó este umbral provenía de colegios ubicados en zonas urbanas, y que independientemente de la zona de origen, el 53 % se encontraba matriculado en colegios privados. En ese sentido, urgen medidas para cerrar las brechas de calidad tomando en cuenta las variables ya descritas. Programas como “Todos a Aprender” constituyen importantes avances en este sentido. Innumerables estudios coinciden que mejorar la calidad de la enseñanza disminuye las posibilidades de deserción y rezago escolar.

En tercer lugar, aparece el papel de la orientación escolar y de las competencias socioemocionales que contribuyen a la toma informada de decisiones. Si bien en esta materia no existe información cuantitativa que permita hacer un acercamiento a la dimensión del problema, lo cierto es que potenciar los procesos de orientación de los jóvenes para generar transiciones efectivas a la educación superior, puede constituir un logro importante en la apertura de nuevas y mejores oportunidades a los sectores más vulnerables.

Programas como “Buscando carrera” del Ministerio de Educación Nacional o apuestas como “Yo Puedo Ser” en la Secretaría de Educación del Distrito ameritan ser revisadas para potenciar sus efectos en los jóvenes.

En cuarto lugar, la dispersión de la oferta de educación superior es posiblemente el problema más inquietante de solucionar. Según un informe preliminar del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), en el año 2018, Bogotá concentra alrededor del 30 % del total de sedes activas de las instituciones de educación superior del país, y junto con Antioquia (13 %) y Valle del Cauca (13 %) agrupan más del 50 %.

Asimismo, según reportó el Ministerio de Educación, en 2015, alrededor del 60 % de los matriculados en este nivel se encontraban ubicados en no más de cinco departamentos, incluida la capital del país. Esta situación insta a pensar en medidas orientadas a desconcentrar la oferta de formación de las grandes ciudades, y llevarla a municipios donde los estudiantes no cuentan con recursos para cambiar de lugar de residencia mientras cursan sus programas. ¿Cuál será el papel del SENA en este sentido? ¿Qué papel jugarán las IES regionales?

Sin duda la educación constituye uno de los principales instrumentos para el desarrollo social de un país; fomentar oportunidades de acceder a una educación de calidad es, posiblemente, la estrategia más efectiva para escapar de las trampas de la pobreza y romper con la transmisión intergeneracional de las desigualdades. El abordaje de los cuatro elementos aquí mencionados será clave para disminuir la brecha de inequidad del país y enfrentar los retos derivados del posconflicto.

Lea el artículo en este enlace.

Sobre el autor

Héctor Andrés Pérez es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación de la Universidad Externado, con experiencia como líder y asesor en el desarrollo de políticas para el mejoramiento de la educación básica y media en entidades públicas.

Jorge Federico Vargas Pardo
Corresponsal Escuela de Pedagogía
Bogotá, D.C., 22 de octubre de 2018
Imágenes: Dpto. de Comunicación y Publicaciones

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